El fallo judicial representa una victoria clave para las organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad, ya que garantiza el cumplimiento de una normativa que es esencial para su movilidad y participación plena en la sociedad. La decisión judicial surge en un contexto complejo, donde la desregulación impulsada por el gobierno había generado serias dificultades para quienes dependen de estos servicios gratuitos.
La reacción de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), presentando una medida cautelar y retomando acciones de fiscalización, muestra cómo las instituciones pueden contrarrestar políticas que afectan negativamente a sectores vulnerables. Este caso subraya la importancia de la presión ciudadana y el activismo de las organizaciones en la defensa de derechos fundamentales, incluso frente a cambios regulatorios drásticos.
La resolución judicial no solo es un revés para la lógica de «desregulación total», sino también un recordatorio de que la accesibilidad y la inclusión no son negociables. Aunque el fallo es un avance, será crucial seguir vigilantes para asegurar que las empresas de transporte cumplan efectivamente con la ley y que el Estado mantenga su rol de garante de estos derechos.