La Justicia suspendió de manera preventiva el proceso de privatización de AySA impulsado por el gobierno de Javier Milei, al considerar que antes debe realizarse una evaluación integral ambiental, sanitaria e institucional sobre el servicio de agua y saneamiento.
La medida fue dictada por el juez Mariano López, titular del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de La Plata, quien hizo lugar a una presentación realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires. El organismo había advertido que el esquema de venta de activos de la empresa no contemplaba aspectos fundamentales vinculados con la protección ambiental, el acceso al agua potable y la continuidad del servicio.
La resolución judicial ordena frenar cualquier avance en el proceso de privatización hasta que se determine el alcance de los pasivos ambientales asociados a la prestación del servicio. De esta manera, la cautelar representa un nuevo obstáculo para el plan del Ejecutivo nacional de reducir la participación estatal en empresas públicas.
La presentación de la Defensoría, encabezada por Guido Lorenzino, cuestionó que el pliego de licitación no incorporara de forma adecuada las obligaciones de inversión, mantenimiento, expansión, saneamiento y remediación ambiental. Según el organismo, estas cuestiones resultan esenciales debido al impacto directo que tiene la prestación del servicio sobre el derecho humano al acceso al agua potable y a un ambiente sano.
Además, se advirtió que la falta de información sobre los pasivos ambientales existentes en territorio bonaerense podría afectar tanto la protección de los recursos naturales como la calidad y continuidad del servicio para millones de usuarios.
Con esta decisión, la Justicia dispuso que el proceso de venta de activos de AySA permanezca paralizado hasta contar con estudios que permitan evaluar las consecuencias ambientales y sanitarias de una eventual privatización.