La Justicia dejó sin efecto la posibilidad de que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires demande económicamente a las familias de estudiantes que participen en tomas de escuelas. El fallo anuló el protocolo impulsado en 2022 por la entonces ministra de Educación, Soledad Acuña, que trasladaba a madres, padres y tutores la responsabilidad por las protestas estudiantiles, y además ordenó al Ejecutivo porteño afrontar las costas del proceso judicial.
La medida se originó tras las tomas realizadas por estudiantes de distintos colegios secundarios, entre ellos el Liceo N° 5 «Pascual Guaglianone», en reclamo por las pasantías educativas obligatorias, el deterioro de la infraestructura escolar y la calidad de las viandas. En ese contexto, el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta había implementado un protocolo que habilitaba sanciones y reclamos económicos contra las familias.
Con esta resolución judicial, quedó neutralizada la posibilidad de aplicar ese tipo de demandas en futuras protestas estudiantiles, al considerar que la responsabilidad por las medidas de fuerza no puede recaer sobre las familias de los alumnos. El fallo representa un antecedente relevante en defensa del derecho a la protesta dentro de la comunidad educativa.