Carmela Moreau, asesora de Jefatura de Gabinete de Ministros, es la impulsora de un proyecto de ley integral de menstruación sostenible, presentado por los diputados del Frente de Todos, Nicolás Rodríguez Saa y Lucas Godoy.
«En un contexto de brecha salarial y feminización de la pobreza, creemos que el acceso a los productos de gestión menstrual debe ser universal, gratuito y obligatorio», consideró Moreau.
En 2017, la organización Economía Femini(s)ta había lanzado la campaña #MenstruAcción que busca la quita del IVA a los productos de gestión menstrual y su distribución gratuita en centros comunitarios.
Según la organización, las personas que menstrúan gastan en promedio al año 2900 pesos en toallitas descartables y 3700, en tampones, siendo que las mujeres —una de las poblaciones más afectadas— ganan en promedio un 29% menos que los varones y tienen las tasas más altas de desocupación.
La iniciativa establece que la gestión menstrual «sea una política de salud pública» y propicia que el Estado y efectores de salud privados —obras sociales y prepagas— entreguen gratis «elementos ecológicamente sustentables, entendiendo que los otros hacen daño a la salud y tienen impacto ambiental».
El proyecto de ley integral también contempla la entrega de antiinflamatorios para atenuar los cólicos menstruales que, según la Organización Mundial de la Salud, afectan al 75% de las adultas.
«Lo importante es que salga la ley, que se tome la decisión política de la necesidad inminente de atender la gestión menstrual de manera integral», sientetizó Moreau.