El Gobierno nacional endureció su postura frente al conflicto universitario y avanzó con una intimación directa a los rectores para que garanticen el dictado de clases en medio de la nueva Marcha Federal. La medida, impulsada por el Ministerio de Capital Humano que encabeza Sandra Pettovello, incluye advertencias explícitas sobre posibles consecuencias presupuestarias.
A través de un documento firmado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se fijó un plazo de 48 horas para que las casas de altos estudios presenten informes detallando cómo asegurarán la continuidad académica. El texto exige mantener la operatividad de los edificios, implementar esquemas de virtualidad y reprogramar contenidos ante la medida de fuerza docente y no docente.
El punto más sensible del comunicado es la condición explícita que establece el Ejecutivo: el “sostenimiento financiero” de las universidades quedará atado a la “protección irrestricta del derecho de enseñar y aprender”. En ese marco, se advierte que cualquier incumplimiento podría derivar en la revisión de partidas presupuestarias, su ejecución o transferencia.
La ofensiva oficial se suma a pronunciamientos previos en los que el Gobierno expresó “extrema preocupación” por la suspensión de actividades, responsabilizando a los gremios por la interrupción del calendario académico y señalando que los estudiantes quedan como principales afectados del conflicto.