lunes, febrero 10, 2025
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Suspenden el desmantelamiento de programas contra la violencia de género

El fallo judicial refleja la importancia de garantizar la continuidad y el fortalecimiento de políticas públicas destinadas a combatir la violencia de género, un problema profundamente arraigado y de impacto social significativo. Al ordenar al Gobierno cesar el desfinanciamiento de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, el juez Enrique Alonso Regueira priorizó la protección de los derechos humanos, en especial los de las mujeres, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

El principio de progresividad mencionado en la resolución implica que los derechos humanos no pueden ser objeto de retrocesos, sino que deben ser promovidos y ampliados progresivamente. Esto incluye el compromiso estatal de asegurar los recursos necesarios para la implementación efectiva de políticas contra la violencia de género, tal como lo exige la Ley de Protección Integral de las Mujeres.

La falta de documentación y claridad por parte del Ministerio de Justicia sobre cómo se garantizará la continuidad de estos programas plantea preocupaciones serias. Este tipo de medidas judiciales subraya la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la gestión de políticas públicas, especialmente aquellas dirigidas a grupos en situación de vulnerabilidad.

El fallo es un recordatorio de que la protección de los derechos de las víctimas de violencia de género no puede ser relegada por razones presupuestarias o administrativas.

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