La desregulación de los servicios de ómnibus de larga distancia impulsada por Javier Milei en octubre ha generado complicaciones para las personas con discapacidad que dependen de los pasajes gratuitos. El decreto 883/24, al no especificar claramente cómo se manejarían estos beneficios en el nuevo esquema, llevó a las empresas de transporte automotor a limitar o cancelar la entrega de pasajes gratuitos a personas con certificado de discapacidad.
Este cambio generó una fuerte reacción por parte de las personas afectadas y diversas organizaciones, lo que llevó a la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT) a exigir a las compañías de larga distancia que restablezcan el beneficio. Sin embargo, las cámaras empresariales del sector han expresado su rechazo, argumentando que, en el marco de la desregulación, ya no están obligadas a ofrecer este servicio gratuito. Además, cuestionaron la falta de reglamentación que indique quién debería asumir los costos de estos pasajes en el nuevo modelo.
Este conflicto evidencia un vacío normativo en la implementación del decreto y genera incertidumbre sobre los derechos de los pasajeros con discapacidad en el contexto de la desregulación del transporte de larga distancia.