El primer año de gestión de Javier Milei como presidente de Argentina ha estado marcado por un enfoque económico de corte ortodoxo que ha generado un fuerte debate en el ámbito político y social. Según el informe del Centro de Economía Política (CEPA), las reformas aplicadas por el Gobierno incluyeron una serie de medidas que han transformado profundamente la dinámica económica del país, con efectos desiguales en distintos sectores de la población.
Principales reformas y sus impactos:
- Devaluación significativa del peso: El tipo de cambio aumentó un 118%, lo que encareció significativamente los bienes importados y tuvo un efecto directo sobre la inflación.
- Desregulación de sectores económicos: La eliminación o flexibilización de controles en varios sectores promovió un entorno más liberalizado, pero también generó incertidumbre y mayor volatilidad en los precios.
- Incremento de tarifas de servicios públicos: La eliminación de subsidios y el ajuste de tarifas (electricidad, agua, gas, transporte) se tradujeron en aumentos significativos para los usuarios finales.
- Inflación elevada: Las tasas mensuales de inflación se mantuvieron altas, alcanzando un 25,5% en diciembre, 20,6% en enero y 13,2% en febrero. Esta dinámica erosionó el poder adquisitivo de los salarios y profundizó las desigualdades económicas.
El estudio subraya que las políticas de ajuste no han sido acompañadas de medidas compensatorias para mitigar el impacto en los sectores más vulnerables. La falta de acuerdos de precios o incrementos sustanciales en ingresos reales exacerbó la pérdida de poder adquisitivo, aumentando las tensiones sociales.
El CEPA advierte sobre una mayor profundización de las desigualdades entre sectores «ganadores» y «perdedores». Si bien algunos actores económicos han logrado beneficiarse de la liberalización, como exportadores y grandes empresarios, otros, especialmente los trabajadores y las clases medias y bajas, enfrentan desafíos crecientes.
La administración Milei sigue generando opiniones polarizadas: mientras algunos valoran la apuesta por el ordenamiento macroeconómico, otros critican los altos costos sociales y la falta de una estrategia más inclusiva. La evaluación del segundo año dependerá, en gran medida, de cómo el Gobierno logre equilibrar crecimiento económico con mejoras en la calidad de vida de la población.