El oficialismo avanzó esta semana en el Senado con la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Javier Milei que ya obtuvo dictamen favorable en comisiones y quedó habilitada para su tratamiento en el recinto el próximo 10 de febrero, durante las sesiones extraordinarias convocadas por el Poder Ejecutivo.
El proyecto ingresó a la Cámara alta el 15 de diciembre y fue tratado en un trámite acelerado que se resolvió en apenas dos días. Con el respaldo de La Libertad Avanza (LLA) y bloques aliados, la propuesta busca modificar la Ley 26.639, sancionada en 2010, que establece presupuestos mínimos para la protección de glaciares y del ambiente periglacial como reservas estratégicas de recursos hídricos.
Durante el debate en comisiones, gobernadores de provincias con fuerte actividad minera, como San Juan y Catamarca, se pronunciaron a favor de la reforma y remarcaron la necesidad de compatibilizar el cuidado ambiental con el desarrollo productivo, la llegada de inversiones y la generación de empleo. En la misma línea, representantes del sector empresario minero respaldaron los cambios y reclamaron reglas más claras para impulsar proyectos extractivos.
Desde el Gobierno nacional, la Oficina del Presidente defendió la iniciativa mediante un comunicado oficial en el que sostuvo que la modificación apunta a ordenar el esquema de competencias provinciales sobre los recursos naturales y a resolver conflictos normativos que, según señalaron, afectan el desarrollo económico.
El texto de la reforma habilita a las provincias a definir el alcance de las áreas protegidas y a evaluar la posibilidad de permitir actividades económicas en determinadas zonas periglaciales. También introduce cambios en los criterios de protección vigentes, lo que despertó fuertes críticas de organizaciones ambientalistas, que advierten que la iniciativa podría debilitar la protección de los glaciares y poner en riesgo fuentes estratégicas de agua dulce.
La discusión promete profundizarse en el recinto, en un contexto de creciente tensión entre el Gobierno nacional, las provincias mineras y los sectores ambientales.