Una resolución del Poder Ejecutivo que avanzaba sobre una función estratégica del Estado fue suspendida por la Justicia. Un fallo intimó al Gobierno nacional a dejar sin efecto la medida del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) que eliminaba el Programa de Metrología Legal, un área técnica fundamental para garantizar la certificación y el control de instrumentos de medición de uso masivo.
La acción judicial fue impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que advirtió sobre el impacto institucional de la decisión. Desde el gremio sostienen que la supresión del programa no responde a una simple reorganización administrativa, sino que implica un vaciamiento de las capacidades de control del organismo.
El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, señaló que la resolución del INTI suspende en los hechos la aprobación y certificación de instrumentos de medición, lo que genera un vacío en la fiscalización estatal. Según afirmó, la medida afecta directamente las tareas de auditoría y control que garantizan la transparencia en transacciones comerciales y el resguardo de los derechos de los consumidores.
La intimación judicial representa un freno a la política oficial de reestructuración de organismos públicos y reabre el debate sobre el rol del Estado en el control técnico y regulatorio de actividades esenciales.