La Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal ratificó la vigencia de la Ley de Financiamiento Universitario (N° 27.795) y ordenó al Gobierno nacional actualizar de manera inmediata los salarios del personal docente y no docente, las becas estudiantiles y las partidas destinadas a investigación.
El fallo, firmado por los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, hizo lugar a la demanda presentada por el Consejo Interuniversitario Nacional junto a distintas universidades públicas.
En su resolución, el tribunal recordó que la ley fue aprobada por el Congreso y ratificada con mayoría especial tras el veto total del Poder Ejecutivo, por lo que su cumplimiento es obligatorio. En ese sentido, remarcó que el Gobierno no puede demorar ni condicionar su aplicación mediante la falta de actualización presupuestaria.
La sentencia también deja sin efecto la estrategia oficial de paralizar la norma y obliga al Ejecutivo a garantizar los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario en todo el país.
El fallo se da en un contexto de conflicto creciente, con paro nacional y clases públicas impulsadas por docentes, no docentes y estudiantes, que denuncian una fuerte pérdida del poder adquisitivo y el desfinanciamiento de las universidades.