La Corte Suprema de Justicia dejó firme la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar los artículos de la Ley de Financiamiento Universitario referidos a los salarios de docentes y no docentes y a las becas estudiantiles. El máximo tribunal rechazó un recurso presentado por el Poder Ejecutivo, por considerar que no cumplía con los requisitos legales para su tratamiento.
Con esta decisión, quedó firme el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal, que había confirmado la resolución de primera instancia ordenando al Estado cumplir con la norma sancionada por el Congreso en 2025. En la práctica, la resolución judicial garantiza la aplicación de las partidas destinadas a recomponer los salarios universitarios y sostener las becas estudiantiles, en un contexto de reclamos por el financiamiento del sistema de educación superior.