La decisión del Gobierno de no renovar 1.400 contratos en el Ministerio de Salud ha generado preocupación en distintos sectores, especialmente entre las organizaciones que trabajan en la defensa de la salud pública. Esta medida implica un posible impacto negativo en la continuidad de políticas clave, como las dirigidas a combatir enfermedades como el VIH, la tuberculosis y las hepatitis.
El cierre de las coordinaciones específicas de Tuberculosis y Hepatitis, y la fusión de estas funciones dentro de la Dirección de VIH, ITS, Hepatitis y Tuberculosis, ha sido motivo de alerta para las organizaciones involucradas. Desde el Frente Nacional por la Salud de las Personas con VIH, Hepatitis y Tuberculosis, se enfatizó la importancia de los equipos especializados y la experiencia acumulada durante años de trabajo, destacando que la expiración de los contratos para finales de enero de 2025 podría comprometer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a estas enfermedades.
El contexto general de recortes y reestructuración ha sido celebrado por algunos sectores, incluido el presidente Javier Milei, como una forma de reducir el gasto público. Sin embargo, la preocupación de expertos y organizaciones radica en el riesgo de desarticular áreas críticas de atención y prevención sanitaria, lo que podría tener consecuencias a mediano y largo plazo para la población más vulnerable.
Este tipo de decisiones pone de manifiesto el debate sobre la necesidad de equilibrar la eficiencia presupuestaria con el mantenimiento de programas fundamentales para la salud pública.