Pese a la batalla del Gobierno por mantener la derogación de la Ley de Tierras que impuso a través del DNU 70/2023 y a su insistencia en los tribunales, la Cámara Federal de la Plata confirmó una medida cautelar que la mantiene vigente. De hecho, el mismo tribunal ya había declarado la inconstitucionalidad del artículo 154 que pretende anular esa norma que desde 2011 puso límites a la extranjerización de la tierra para evitar que la Argentina sea desapoderada de sus riquezas.
El amparo que motivó este expediente había sido presentado por el Centro de ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y tenía un doble planteo. Uno, que el Poder Ejecutivo a través del DNU usurpó facultades legislativas sin razones excepcionales que lo justificaran. El Congreso, de hecho, funcionó en el verano y podía derogar lo que sea. Segundo, que dejar sin efecto la ley en cuestión «libera el mercado de tierras, habilitando la extranjerización de aquellas, con dinámicas latifundistas, que ponen en crisis los principios de integridad territorial y la soberanía nacional, condicionando no sólo la disponibilidad del suelo argentino, sino también los cursos de aguas dulces».
La única necesidad y urgencia que podría tener Javier Milei para sacarse la Ley de Tierras de encima era abrir rápidamente la puerta sin restricciones a las empresas extranjeras y a las corporaciones económicas y financieras, incluso capitales desconocidos. Hay muchos interesados en nuestros recursos naturales. También están en riesgo el agua, la producción agropecuaria y los derechos de los pueblos indígenas. El gobierno lo pone en términos de «inversiones». Elon Musk se destaca en la fila.