La provincia de Buenos Aires apeló ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación el fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal que consideró que las torturas infligidas por militares argentinos a jóvenes conscriptos durante la guerra de Malvinas se encuentran prescriptas.
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense radicó un recurso extraordinario federal y solicitó revertir el fallo que hizo lugar al recurso presentado por la defensa del militar Jorge Ferrante.
Esa decisión anuló el fallo de la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia que había declarado crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles, a las torturas cometidas en las islas y había confirmado el llamado a indagatoria del imputado.
La causa por las torturas en Malvinas investiga hechos (estaqueamientos, lesiones, torturas y otras degradaciones) ejecutados hace 39 años. El expediente lleva 14 años de trámite, y de quedar firme lo resuelto por la Sala I de Casación, se configuraría la impunidad de sus responsables.
Desde la Provincia señalaron la responsabilidad internacional del Estado argentino en el juzgamiento de graves violaciones a los derechos humanos. La querella indicó que «los crímenes investigados están efectivamente alcanzados por la categoría de crímenes contra la humanidad del derecho penal internacional, y por otra parte, se dieron acabados motivos para considerar que los delitos en cuestión constituyen delitos de lesa humanidad y/o graves violaciones a los derechos humanos».
La Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense expresó que «lo resuelto por la Sala I, no solo reviste gravedad institucional con miras a la debida preservación del imperio constitucional, convencional y del derecho internacional de los derechos humanos, sino que las cuestiones que se ventilan en esta causa superan los intereses de los partícipes, de tal modo que ella conmueve a la comunidad entera en sus valores más sustanciales y profundos».