El proyecto de construir un cerco de alambre en la frontera entre Aguas Blancas y Bolivia es una medida dentro del Plan Güemes del Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich, cuyo objetivo es combatir el paso ilegal de personas y el contrabando. Este “muro” consistirá en un alambrado olímpico de 200 metros de largo, que abarcará desde la terminal de colectivos hasta la oficina de Migraciones.
La falta de una barrera física en el lado argentino generó un desorden considerable en el tránsito de personas y mercaderías, particularmente en las áreas comerciales de Bermejo (Bolivia) y Aguas Blancas (Argentina). Por el contrario, Bolivia ya había implementado controles estrictos para concentrar el flujo por un único punto autorizado, destacando la asimetría en las políticas fronterizas.
El diario El Tribuno informó que ya se ha convocado una licitación para la construcción del cerco. Este tipo de iniciativas busca canalizar el tránsito hacia puntos de control oficiales, evitando pasos irregulares que faciliten actividades ilícitas, como el contrabando.
Se espera que la implementación de esta barrera fomente una mayor seguridad en la frontera, regule el comercio y reduzca el caos en la región. Sin embargo, este tipo de medidas a menudo generan debates sobre su efectividad, el impacto en las comunidades locales y las relaciones entre países vecinos.